La llegada de plataformas digitales de transporte como InDriver ha intensificado el debate sobre la movilidad en la ciudad de Xalapa, no solo por la crisis del servicio tradicional de taxis, sino también por las condiciones económicas que enfrentan los conductores afiliados a estas aplicaciones.

De acuerdo con testimonios de conductores, InDriver es una de las plataformas que mayor porcentaje descuenta por viaje, cobrando 14.49 % de cada servicio, más el 2.32% de IVA.


En términos prácticos, si un usuario paga 80 pesos, al conductor únicamente le quedan 66.82 pesos libres, cantidad que resulta limitada si se consideran gastos como gasolina, mantenimiento del vehículo y desgaste diario. 

Esta situación ha generado inconformidad entre los propios conductores, quienes señalan que, pese a promocionarse como una alternativa “justa”, la plataforma mantiene comisiones elevadas.

En contraste, el servicio de taxis continúa siendo uno de los más utilizados en Xalapa, aunque también uno de los más cuestionados por la ciudadanía. Los taxis son percibidos como un servicio necesario pero deficiente, debido a cobros elevados y, en muchos casos, a unidades en malas condiciones: vehículos sucios, con fallas mecánicas, exceso de sonido y una atención poco profesional por parte de algunos operadores.

A esto se suman denuncias ciudadanas basadas en versiones reales de usuarios que aseguran haber sido víctimas de abusos por parte de taxistas, especialmente hacia pasajeros en estado inconveniente al salir de antros o zonas nocturnas. Entre las prácticas señaladas se encuentran el aumento arbitrario de tarifas al llegar al destino o robos, aprovechándose de la vulnerabilidad del pasajero. Aunque es importante aclarar que no todos los taxistas incurren en estas conductas, la repetición de estas experiencias ha deteriorado la imagen del gremio.

En este contexto, InDriver ha ganado terreno en la ciudad, lo que ha provocado el rechazo de algunos taxistas, quienes han llegado a exhibir en redes sociales a conductores particulares afiliados a la aplicación, utilizando calificativos ofensivos. No obstante, en otras ciudades del país ya operan plataformas como Uber, lo que evidencia que la movilidad urbana evoluciona conforme a las necesidades sociales.

Muchos usuarios prefieren actualmente un vehículo particular que ofrece mayor comodidad, mejor trato y servicio puerta a puerta. Sin embargo, esta preferencia no elimina la problemática: los conductores de plataformas deben asumir comisiones elevadas y, en el caso de los taxistas afiliados, continúan pagando cuotas adicionales, lo que reduce aún más sus ingresos.

La responsabilidad también recae en los pasajeros. Exigir tarifas excesivamente bajas afecta directamente a quienes brindan el servicio. Así como se demanda seguridad, comodidad y buen trato, es necesario pagar de manera justa, considerando la distancia y el esfuerzo del conductor.

El conflicto entre taxis y plataformas digitales refleja una problemática más profunda: la falta de regulación eficiente, profesionalización del servicio y conciencia social. La modernización del transporte no debe sostenerse sobre abusos, ni hacia el usuario ni hacia el conductor. Mejorar la movilidad en Xalapa implica calidad, respeto y justicia para todos los involucrados.

Asimismo, es importante señalar que el uso de taxis o servicios de transporte por aplicación no debe entenderse como una necesidad básica, sino como un servicio de comodidad que, en muchos casos, representa un gusto o incluso un lujo. Cuando un usuario decide no utilizar el transporte público y opta por un servicio puerta a puerta, debe asumir el costo real de dicha comodidad. Pretender pagar tarifas mínimas o “viajes regalados” no solo desvaloriza el trabajo del conductor, sino que perpetúa prácticas injustas dentro del sistema de movilidad.

En este sentido, si un pasajero no cuenta con la disposición económica para pagar una tarifa justa, existen alternativas como el transporte público, que cumple la función social de traslado accesible. Exigir calidad, seguridad y buen trato implica también responsabilidad económica por parte del usuario, entendiendo que la movilidad privada es una elección y no una obligación del prestador del servicio.